Sector Público. Régimen disciplinario de Empleados Públicos de Entidades Locales.

Disclaimer 1. Sólo yo soy responsable de las opiniones aquí vertidas que no representan a nadie más que a mi mismo. En ningún caso representan a las instituciones con las que colaboro y mis comentarios no se refieren a actividades en las que ninguna ellas estén implicadas (algunas son Entidades Públicas), sino personales. 

Disclaimer 2. Esta es una entrada en construcción. El autor no se responsabiliza de su contenido hasta que desaparezca este mensaje.

I. Cuando las relaciones con las Administraciones Públicas se complican. 

Estoy poniéndome al día sobre materias de Régimen Disciplinario de Funcionarios Públicos. Por motivos que no vienen al caso comentar me interesa  todo lo relativo a la Administración Local, concretamente nivel Ayuntamiento por un Expediente de Solicitud de Licencia en el que de manera indirecta estoy implicado (estoy haciendo seguimiento).

Actualización 1. 30/7/2013. Ante las dificultades que el actual titular de la solicitud de licencia está teniendo (tras pagar más de 4000 euros sólo de tasas la tramitación lleva CASI DOS AÑOS) para que la  tramitación avance (ya existe visto bueno por parte de los técnicos del Ayuntamiento, Industria y Sanidad;  desde hace meses está en Junta de Gobierno y sin motivo, al menos no dan explicaciones, no avanza) y el trato recibido (falta de información, falta de transparencia etc…) ha abandonado otra Solicitud de Licencia que tenía previsto presentar para el local de al lado: ya tenía respuesta favorable a la Consulta Previa y ya tenía el Proyecto Técnico preparado por técnico competente, Arquitecto. Al enterarse finalmente el otro día a través que la tramitación  duraría  al menos 1 año durante el cual  no iba a poder explotar el local cuyo alquiler tiene que pagar. El Ayuntamiento correspondiente dejará de cobrar unos 6000 euros de tasas que el titular pensaba ingresar esta semana.  Y muy posiblemente va a tener que cerrar el actual local ya que al no tener todavía la  licencia concedida tampoco puede explotarlo legalmente. Pero el alquiler y otros gastos si que tiene que pagarlos. Pensaba crear varios puestos de trabajo en ambos locales. Todo esto en un Ayuntamiento que se ha dado como fin facilitar el emprendimiento para crear empleo. Fin actualización 30/7/2013. 

La pregunta que intentamos contestar es la siguiente:

Si soy un ciudadano en relación con una Administración Pública y  considero que un Empleado Público no está cumpliendo debidamente con sus obligaciones, que está cometiendo actos impropios de un Empleado Público bien con arreglo a criterios éticos o incluso legales; por ejemplo cuando te consta o al menos tienes indicios de que se están aplicando a un expediente unas actuaciones diferentes de las que se aplican a casos similares; o cuando haciéndote perder una mañana para nada, te intentan a todas luces hacer una encerrona (sin ningún éxito),  en vez de dedicarse a informarte en profundidad sobre el expediente sobre el que te estabas interesando; o cuando en vez de informarte te desinforman; o cuando se actúa con una total falta de transparencia etc…. ¿ Que puedo hacer ?. ¿ Que opciones tengo ?. Es más ¿ cuales son las obligaciones de un funcionario cuando atiende a un ciudadano ?. ¿ Que pasa cuando un expediente se complica ?.

Son situaciones en la que nos hemos visto muchos y las hemos dejado pasar.

–a veces por pura comodidad: a mi esta razón me parece muy potente, ya que soy de carácter pragmático. Tras la indignación te olvidas y sanseacabó. Personalmente, hasta hoy, no he denunciado a nadie en mi vida, en ningún aspecto, ya que sobre todo me parece una perdida de tiempo. Pero tampoco me había visto antes en una situación como la actual. En este caso la indignación no sólo no se pasa sino que aumenta día tras día. Quejas si he puesto en varias ocasiones (3 o 4) y siempre a nivel particular. Para este caso en concreto ya llevo 2, 2 para una de las personas implicadas y 1 para la otra.

–a veces por puro cálculo / profesionalidad: ¿ no será peor quejarse o denunciar de cara a que el expediente llegue a buen fin ?. ¿ no estás perjudicando a un cliente si no es un expediente del que tu seas titular ? Para mi, si la denuncia no es espúrea, es decir si tiene fundamento y hay pruebas, esto no sería razón. Un Empleado Público tiene entre otras obligaciones atenerse a determinados principios que determinan que sería peor para él actuar en contra de un expediente o persona por haber sido denunciado. Así lo entiendo pero a lo mejor esto es una posición ingenua.

–a veces, por qué no, por miedo ¿ cuales serán las consecuencias de denunciar ?. Es un miedo legítimo, pero no es mi caso. Esto no me pararía en principio. Creo que es un deber de ciudadano denunciar cuando un servidor público no está actuando de acuerdo a la lo establecido en una Norma.

–Finalmente, a veces también puede ser por responsabilidad. En general queremos responder de manera proporcionada a las acciones de los demás. Una denuncia bien fundamentada por una falta muy grave en un procedimiento administrativo sancionador (como creo que sería mi caso) podría perjudicar gravemente la carrera de  un Empleado Público, incluso de aquellos sujetos a Régimen de Funcionario. Y no digamos una denuncia penal, posibilidad que también estoy valorando. Mi posición sobre esto es que no  se debe de tratar de manera frívola los medios de vida de los demás. Exigen el máximo respeto. Este motivo creo que puede frenar a cualquiera salvo que haya un grave perjuicio, sea de carácter económico, sea de carácter moral contra su persona persona o que se considere que la propia Administración correspondiente (es decir alguno de sus empleados esté tratando de manera frívola los medios de vida de los demás. Si un Empleado Público, por los motivos que sean impide o dificulta que los demás se ganen su pan, por motivos espúreos o que implican trato diferente a casos similares, parece proporcionado tratar de igual manera su medio de vida.

II. La lógica de las  AAPP bajo el Régimen de Función Pública y las alternativas.

En general cuando uno trata con las AAPPEELL se ve menos profesionalidad que en la Administración Central, pero la misma buena voluntad y los Funcionarios Públicos de cualquier nivel hacen todo lo que está en sus manos para avanzar, para resolver (no es una ironía, es mi experiencia). Todos querrían hacer más pero ya se sabe que un funcionario nunca va a tomar decisiones arriesgadas ya que esto puede poner en riesgo su puesto de trabajo vitalicio. Cualquiera haríamos lo mismo en su situación. Y esto es lo que puede ser causa, en general, de que algunos expedientes se eternicen: la legislación es ambigua, no es clara o completa y avanzar en un sentido u otro es arriesgado. Solución:  lo mejor es subirlo arriba (si la legislación es realmente ambigua o incompleta esto no será solución) o paralizarlo y no dar mayor información al ciudadano que experimenta una clara situación de incertidumbre. Y a veces así pueden pasar años. ¿ Silencio Administrativo ? Hmmm, no siempre se aplica…

Esta situación muy típica en el mundo de las AAPP entraría perfectamente dentro de la problemática de la gestión de riesgos: si uno no está dispuesto a asumirlos los tiene que ceder. ¿ A quien se ceden ? Pues en el caso de las relaciones con las AAPP, al final al ciudadano que es el que quiere emprender, el que está asumiendo costes y tiene prisa en que se resuelva el expediente. Esta prisa al Empleado Público a la larga, le da completamente lo mismo (aunque ya hemos dicho que en general hay buena voluntad): se asegura más el  cobro cuando no arriesga (por tanto cuanto más cobre menos riesgos asumirá, y cuanto menos cobre más riesgos asumirá, incluido el del cohecho y otro tipo de corruptelas). ¿ Resultado ? En las sociedades sobre-reguladas, como pasa en España a nivel local, nadie quiere ser Emprendedor y todo el mundo quiere ser Funcionario (empleado público).

¿ Y cual es el final natural de estas sociedades si no cambian ? Posiblemente el colapso, ojo, incluidas las AAPP que en definitiva viven de la riqueza que se genera a nivel privado. Síntomas de todo esto lo estamos experimentando ahora con la situación de las AAPP en España. ¿ Y pueden cambiar estas sociedades ? Complicado,  porque los políticos también sufren este sistema. Cuando entra un líder con verdaderas intenciones de cambio enseguida se da cuenta que su principal herramienta de actuación, las AAPP, está compuesta por agentes que , actuando racionalmente, están dispuestos a asumir cero riesgos. Todo esto justifica que los niveles directivos de las AAPP sean políticos, lo cual suele ser una solución incompleta.

¿ Sería mejor volver al Spoils System ? No, por lo menos le sistema de Régimen de Función pública (Public Service), aunque inmovilista muy a su pesar, es pacífico. Ya lo hemos explicado en múltiples ocasiones.

¿ Y la solución liberal (en sentido europeo), es decir la desregulación ? Tema a estudiar: por ejemplo si se liberalizasen las actividades que actualmente requieren de licencia (es decir si se aplicase el principio caveat emptor), seguramente habría un  incremento espectacular de actividad, pero también es posible un aumento de litigación privada (civil o mercantil). Ya digo tema a estudiar.

En relación a todo esto, me llamó la atención un artículo reciente de Rodriguez Ibarra, político experimentado,  que aunque muy alejado de mis posiciones, tras dejar la política profesional está publicando artículos muy razonables en determinados temas relacionados con el emprendimiento. Hablando sobre la exuberancia de actividades culturales que ha detectado en Praga comenta:

Cuando el espectador sale a la calle no le queda más remedio que preguntar, o mirar en Google, si la República Checa forma parte de la Unión Europea. Cuando descubre que así es, inmediatamente piensa en España. ¿Sería posible que en nuestro país se pudieran hacer cosas así? La respuesta es no, por varias razones:

Porque si un grupo de jóvenes decidiera instalar un teatro en los sitios en que están ubicados en Praga, una inspección de los servicios municipales, o de la correspondiente comunidad autónoma, les cerraría el negocio nada más empezar porque no cumplirían ni uno solo de los requisitos… 

Sería legal por lo tanto a nadie en las AAPP preocuparían estos cierres. Sin embargo, esto es todo lo contrario de la actitud pragmática que es necesaria para fomentar el emprendimiento (y con él, el empleo). Pero volvamos al objeto principal de la entrada. Se ha detectado un mal comportamiento por parte de un funcionario. ¿ Que hacemos ?.

III. Una alternativas a la denuncia: la queja.

.¿ Queja ? ¿ Ha recibido alguien una contestación a alguna queja  de este tipo que le haya dejado tranquilo ? Yo en la última que puse, uno de los motivos de queja fue que cuando llegué a la oficina a primera hora, la Jefa de la Oficina, con la que pedí hablar, no estaba. Llegó 1 hora más tarde.  Es la segunda queja que pongo a la misma persona por lo  mismo (este era un punto  más de la queja, no el principal motivo).

¿ Contestación ? Contestaron en las dos ocasiones. En la primera contestaron que estaba de vacaciones. Podía ser, caso cerrado. En la segunda, que debido a la reducción de personal esta persona estaba encargándose de 2 oficinas y que esto justificaba su ausencia. ¿ Convencido de la respuesta ? Para nada. Vamos a ver: si está a cargo de 2 oficinas que seguramente no estén al lado la una de la otra, lo más lógico es que dedique unos días a una y otros a otra y no se pase todo  el día en la calle, yendo de la una a la otra. Entonces, si no estaba a primera hora (que es su obligación) es bien porque ese día le correspondía la otra  oficina y entonces no tenía porque haber venido, bien porque le correspondía aquella en la que yo estaba y llegó tarde, que es lo que yo pienso. ¿ No ?. Pues te dicen eso y tan tranquilos. Cómo si el ciudadano fuese estúpido ¿ A quien responsabilizarán de contestar a estas quejas ?

En fin, dejé caer el continuar con el tema, ya que cuando vino la persona fue completamente correcta, transparente e informativa. Es decir cumplió con su obligación de servidor público. Era una persona con experiencia y sabía cómo tratar estos casos. Su comportamiento fue taI que incluso me arrepentí de haber puesto la queja. Y seguramente conocía la normativa de la que vamos a hablar a continuación al dedillo.

IV. Las normas de aplicación. 

En este apartado voy a compilar legislación relevante sobre régimen disciplinario aplicable a funcionarios públicos. Recordemos antes de manera muy simplificada la jerarquía normativa (obviamos la normativa de la UE no relevante en este caso).

Constitución. Sobran explicaciones. Baja poco a la tierra pero es muy útil a la hora de interpretar otras Normas.

Ley Orgánica. Se aprueba por el congreso con mayoría absoluta.

Ley Ordinaria. Se aprueba por el congreso. Incluyen las Leyes de Bases.

Decreto Legislativo y Decreto Ley. La aprueba el Gobierno pero tiene rango de Ley.

Real Decreto. Se aprueba por el Presidente del Gobierno o por el Gobierno en pleno. Normalmente lo Reglamentos que desarrollan en detalle las leyes se aprueban a este nivel.

Orden Ministerial. La aprueba un Ministro.

Resolución. La aprueba un órgano administrativo competente. Es de rango inferior a la Orden Ministerial.

A nivel de Comunidades Autónomas es extrapolable lo anterior.

A nivel de Entidades Locales tenemos:

Ordenanza. En general se aprueban por el Ayuntamiento en pleno. Tenemos por ejemplo la Ordenanza de Espectáculos Públicos.

Reglamento. No está muy clara la diferencia con la anterior. El Reglamente en este contexto parece más bien para asuntos internos.

La legislación relevante a nivel de la Administración Central se puede conseguir  en los siguientes enlaces

1. Minhap / Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.

Enlace a la página del Ministerio. Desde esta página pulsando en Régimen disciplinario te aparecen todos los enlaces relevantes.   Entre ellos, bajo el apartado Régimen disciplinario enlaces a los tres tipos de normativa relevantes:

–Ley Orgánica 10 / 95 del Código Penal.

–RD 33/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de  los Funcionarios de la Administración del Estado.

Aparece una tercera normativa, una Resolución, no relevante.

En el enlace sobre Personal de la Administración Local. De toda la normativa que aparece la única relevante (y posiblemente ni siquiera) es:

–RD 781/1986 de 18 de abril por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

2. Libro “Legislación sobre la Función Pública“publicado por la editorial El Derecho. 

Creo que,  aunque no se centren en el Régimen Disciplinario, este libro es muy  informativo. Es de 2011 y por lo tanto no incluye la últimas novedades normativas.  Además de la Normativa citada en el  punto anterior destacamos:

–Ley 7/2007 de 12 de abril Estatuto Básico del Empleado Público. La versión más actualizada es de 7/2012

–Ley Orgánica 4/2010 de 20 de mayo del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía.

–Ley 30/1984 de medidas para la Reforma de la Administración Pública. 

–Decreto 315 / 1964 de 7 de febrero por el que se aprueba el texto articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado.

Creo que esta recopilación es bastante exhaustiva para el nivel estatal.

Para el nivel de Comunidades Autónomas, teniendo en cuenta que el expediente en el que estoy interesado es de un Ayuntamiento de la  Comunidad de Madrid,  la legislación relevante es la siguiente:

–Ley 1/86 de 10 de abril la Función Pública de la Comunidad de Madrid. Sólo es de aplicación a los Funcionarios de la Comunidad de Madrid. Como veremos, en materia disciplinaria, recoge más o menos lo establecido en el RD 33 / 86 de 1 de enero de 1986. Ver Capítulo X (de los deberes, de las incompatibilidades y de las responsabilidades de los funcionarios) y Capitulo XI (del Régimen Disciplinario de los Funcionarios).  De interés para futuras ocasiones.

Finalmente la legislación relevante, si lo fuese, a nivel de Entidad Local (Ayuntamiento), es el Reglamento Orgánico Municipal.

3. Con un carácter más práctico, este foro donde preguntan y contestan a una pregunta diferente a mi  caso, pero de cualquier manera informativa.

¿Puedo denunciar a un funcionario que resuelve asuntos personales desde su puesto de trabajo? Utiliza el telef, su correo de la administración y se ausenta en horario laboral. Dispongo de alguna documentación para fundamentarlo pero lo que no se es si los funcionarios pueden hacerlo. ¿Se considera una falta?¿Se puede sancionar? Me gustaría intentar la denuncia, ¿donde la presento? ¿que plazo tengo?

La respuesta más completa es de Carlos26 que se basa en el RD 33/1986 que aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado.

V. Análisis de la Normativa: ¿ hay caso o no hay caso ?. 

A priori, tras hojear / ojear (nunca tengo claro cual es la opción correcta) algunas de estas normas me da la impresión que están más para proteger los derechos de los Funcionarios Públicos que para proteger los derechos de los ciudadanos frente a malas actuaciones de Funcionarios Públicos.

En muchas ocasiones en España seguimos siendo más siervos (ni siquiera súbditos) que ciudadanos y en la práctica, aunque solo en contadas ocasiones, parece que esto es lo que esperan algunos funcionarios: que te calles, que no preguntes, que no seas inquisitivo sobre los expedientes de tu interés. Cuando me la lea en detalle es posible que cambie de opinión. De cualquier manera ampliaré detalles.

Bueno, al grano. Empecemos por la L 7/2007 del Estatuto Básico del empleado público.

En lo que sigue copiamos, en itálica, extractos de esta ley que nos interesan, de la versión más actualizada.

Art 2. Ámbito de aplicación. 

1. Este Estatuto se aplica al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral
al servicio de las siguientes Administraciones Públicas:
– La Administración General del Estado.
– Las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y
Melilla.
Las Administraciones de las Entidades Locales.
– Los Organismos Públicos, Agencias y demás Entidades de derecho público con
personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las
Administraciones Públicas.
– Las Universidades Públicas.

Art 3. Personal funcionario de las Entidades Locales.

1. El personal funcionario de las Entidades Locales se rige por la legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte este Estatuto y por la legislación de las Comunidades Autónomas, con respeto a la autonomía local.

2. Los Cuerpos de Policía Local se rigen también por este Estatuto y por la legislación de las Comunidades Autónomas, excepto en lo establecido para ellos en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Artículo 8. Concepto y clases de empleados públicos.

1. Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las
Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales.
2. Los empleados públicos se clasifican en:
a) Funcionarios de carrera.
b) Funcionarios interinos.
c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
d) Personal eventual.

Artículo 12. Personal eventual.

1. Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no 
permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin.

2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto
determinarán los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas que podrán disponer de este tipo de personal. El número máximo se establecerá por los respectivos órganos de gobierno. Este número y las condiciones retributivas serán públicas.

3. El nombramiento y cese serán libres. El cese tendrá lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad a la que se preste la función de confianza o asesoramiento.

4. La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública o para la promoción interna.

5. Al personal eventual le será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera.

SUBTÍTULO I Personal directivo

Artículo 13. Personal directivo profesional.

El Gobierno y los Órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas podrán
establecer, en desarrollo de este Estatuto, el régimen jurídico específico del personal directivo así como los criterios para determinar su condición, de acuerdo, entre otros, con los siguientes principios:

1. Es personal directivo el que desarrolla funciones directivas profesionales en las
Administraciones Públicas, definidas como tales en las normas específicas de cada Administración.

2. Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia.

3. El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados.

4. La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo no tendrá la consideración de materia objeto de negociación colectiva a los efectos de esta Ley. Cuando el personal directivo reúna la condición de personal laboral estará sometido a la relación laboral de carácter especial de alta dirección.

CAPÍTULO VI Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta

Artículo 52. Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta.

Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan  asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado por los principios éticos y de conducta regulados en los artículos siguientesLos principios y reglas establecidos en este Capítulo informarán la interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos.

En negrita he indicado los principios que en mi opinión se incumplieron.

Artículo 53. Principios éticos.

1. Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico.

2. Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio.

3. Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la que presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos.

4. Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

5. Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público.

6. No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto público.

7. No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas.

8. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización.

9. No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo sin justa causa y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los titulares de los cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros.

10. Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su caso, resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia.

11. Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público absteniéndose no solo de conductas contrarias al mismo, sino también de cualesquiera otras que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos.

12. Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interés público.

En negrita los principios éticos que tengo que valorar si se han incumplido. Sobre algunos de ellos no tengo ninguna duda.

Artículo 54. Principios de conducta.

1. Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos.

2. El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos.

3. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes.

4. Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

5. Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los
mismos en provecho propio o de personas allegadas. Tendrán, asimismo, el deber de velar por su conservación.

6. Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal.

7. Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y entrega a sus posteriores responsables.

8. Mantendrán actualizada su formación y cualificación.

9. Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral.

10. Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las propuestas que consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de la unidad en la que estén destinados. A estos efectos se podrá prever la creación de la instancia adecuada competente para centralizar la recepción de las propuestas de los empleados públicos o administrados que sirvan para mejorar la eficacia en el servicio.

11. Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea oficial en el territorio.

De nuevo en negrita los principios de conducta que valoraré incluir como  incumplidos si finalmente denuncio.  El 7 no me consta para nada pero puede haber riesgo dadas las circunstancias.

CAPÍTULO II. Pérdida de la relación de servicio.

Artículo 63. Causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera.

Son causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera:
a) La renuncia a la condición de funcionario.
b) La pérdida de la nacionalidad.
c) La jubilación total del funcionario.
d) La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme.
e) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter firme.

TÍTULO VI. Situaciones administrativas.

Artículo 85. Situaciones administrativas de los funcionarios de carrera.

1. Los funcionarios de carrera se hallarán en alguna de las siguientes situaciones:

a) Servicio activo.
b) Servicios especiales.
c) Servicio en otras Administraciones Públicas.
d) Excedencia.
e) Suspensión de funciones.

2. Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto podrán regular otras situaciones administrativas de los funcionarios de carrera, en los supuestos, en las condiciones y con los efectos que en las mismas se determinen, cuando concurra, entre otras, alguna de las circunstancias siguientes:

a) Cuando por razones organizativas, de reestructuración interna o exceso de personal, resulte una imposibilidad transitoria de asignar un puesto de trabajo o la conveniencia de incentivar la cesación en el servicio activo.

b) Cuando los funcionarios accedan, bien por promoción interna o por otros sistemas de acceso, a otros cuerpos o escalas y no les corresponda quedar en alguna de las situaciones previstas en este Estatuto, y cuando pasen a prestar servicios en organismos o entidades del sector público en régimen distinto al de funcionario de carrera. 

Dicha regulación, según la situación administrativa de que se trate, podrá conllevar 
garantías de índole retributiva o imponer derechos u obligaciones en relación con el
reingreso al servicio activo.

Artículo 86. Servicio activo.

1. Se hallarán en situación de servicio activo quienes, conforme a la normativa de
función pública dictada en desarrollo del presente Estatuto, presten servicios en su condición de funcionarios públicos cualquiera que sea la Administración u Organismo Público o entidad en el que se encuentren destinados y no les corresponda quedar en otra situación.

2. Los funcionarios de carrera en situación de servicio activo gozan de todos los
derechos inherentes a su condición de funcionarios y quedan sujetos a los deberes y responsabilidades derivados de la misma. Se regirán por las normas de este Estatuto y por la normativa de función pública de la Administración Pública en que presten servicios.

Artículo 87. Servicios especiales.

1. Los funcionarios de carrera serán declarados en situación de servicios especiales:

a) Cuando sean designados miembros del Gobierno o de los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, miembros de las Instituciones de la Unión Europea o de las Organizaciones Internacionales, o sean nombrados altos cargos de las citadas Administraciones Públicas o Instituciones.

b) Cuando sean autorizados para realizar una misión por periodo determinado superior a seis meses en Organismos Internacionales, Gobiernos o Entidades Públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional.

c) Cuando sean nombrados para desempeñar puestos o cargos en Organismos Públicos o entidades, dependientes o vinculados a las Administraciones Públicas que, de conformidad con lo que establezca la respectiva Administración Pública, estén asimilados en su rango administrativo a altos cargos.

d) Cuando sean adscritos a los servicios del Tribunal Constitucional o del Defensor del Pueblo o destinados al Tribunal de Cuentas en los términos previstos en el artículo 93.3 de la ley 7/1988, de 5 de abril.

e) Cuando accedan a la condición de Diputado o Senador de las Cortes Generales o miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas si perciben retribuciones periódicas por la realización de la función. Aquellos que pierdan dicha condición por disolución de las correspondientes Cámaras o terminación del mandato de las mismas podrán permanecer en la situación de servicios especiales hasta su nueva constitución.

f) Cuando se desempeñen cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva en las Asambleas de las Ciudades de Ceuta y Melilla y en las Entidades Locales, cuando se desempeñen responsabilidades de órganos superiores y directivos municipales y cuando se desempeñen responsabilidades de miembros de los órganos locales para el conocimiento y la resolución de las reclamaciones económico-administrativas.

g) Cuando sean designados para formar parte del Consejo General del Poder Judicial o de los Consejos de Justicia de las Comunidades Autónomas.

h) Cuando sean elegidos o designados para formar parte de los Órganos Constitucionales o de los Órganos Estatutarios de las Comunidades Autónomas u otros cuya elección corresponda al Congreso de los Diputados, al Senado o a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

i) Cuando sean designados como personal eventual por ocupar puestos de trabajo con funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento político y no opten por permanecer en la situación de servicio activo.

j) Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de organizaciones
internacionales.

k) Cuando sean designados asesores de los grupos parlamentarios de las Cortes
Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

l) Cuando sean activados como reservistas voluntarios para prestar servicios en las Fuerzas Armadas.

2. Quienes se encuentren en situación de servicios especiales percibirán las
retribuciones del puesto o cargo que desempeñen y no las que les correspondan como funcionarios de carrera, sin perjuicio del derecho a percibir los trienios que tengan reconocidos en cada momento. El tiempo que permanezcan en tal situación se les

Artículo 90. Suspensión de funciones.

1. El funcionario declarado en la situación de suspensión quedará privado durante el tiempo de permanencia en la misma del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a la condición. La suspensión determinará la pérdida del puesto de trabajo cuando exceda de seis meses.

2. La suspensión firme se impondrá en virtud de sentencia dictada en causa criminal o en virtud de sanción disciplinaria. La suspensión firme por sanción disciplinaria no podrá exceder de seis años.

3. El funcionario declarado en la situación de suspensión de funciones no podrá prestar servicios en ninguna Administración Pública ni en los Organismos públicos, Agencias, o Entidades de derecho público dependientes o vinculadas a ellas durante el tiempo de cumplimiento de la pena o sanción.

4. Podrá acordarse la suspensión de funciones con carácter provisional con ocasión de la tramitación de un procedimiento judicial o expediente disciplinario, en los términos establecidos en este Estatuto.

TÍTULO VII Régimen disciplinario

Artículo 93. Responsabilidad disciplinaria.

1. Los funcionarios públicos y el personal laboral quedan sujetos al régimen disciplinario establecido en el presente Título y en las normas que las Leyes de Función Pública dicten en desarrollo de este Estatuto.

2. Los funcionarios públicos o el personal laboral que indujeren a otros a la realización de actos o conductas constitutivos de falta disciplinaria incurrirán en la misma responsabilidad que éstos.

3. Igualmente, incurrirán en responsabilidad los funcionarios públicos o personal laboral que encubrieren las faltas consumadas muy graves o graves, cuando de dichos actos se derive daño grave para la Administración o los ciudadanos.

4. El régimen disciplinario del personal laboral se regirá, en lo no previsto en el presente Título, por la legislación laboral.

Artículo 94. Ejercicio de la potestad disciplinaria.

1. Las Administraciones Públicas corregirán disciplinariamente las infracciones del
personal a su servicio señalado en el artículo anterior cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial o penal que pudiera derivarse de tales infracciones.

2. La potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con los siguientes principios:

a) Principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones, a través de la
predeterminación normativa o, en el caso del personal laboral, de los convenios colectivos.

b) Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y de retroactividad de las favorables al presunto infractor.

c) Principio de proporcionalidad, aplicable tanto a la clasificación de las infracciones y sanciones como a su aplicación.

d) Principio de culpabilidad.

e) Principio de presunción de inocencia.

3. Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indicios fundados de criminalidad, se suspenderá su tramitación poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal. Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a la Administración.

Artículo 95. Faltas disciplinarias.

1. Las faltas disciplinarias pueden ser muy graves, graves y leves.

2. Son faltas muy graves:

a) El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos  e Autonomía de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de la función pública.

b) Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo.

c) El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones que tienen encomendadas.

d) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos.

e) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función.

f) La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por Ley o
clasificados como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento indebido.

g) El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas.

h) La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.

i) La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que constituyan infracción manifiesta del Ordenamiento jurídico.

j) La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido para sí o para otro.

k) La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.

l) La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.

m) El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga.

n) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad.

ñ) La incomparecencia injustificada en las Comisiones de Investigación de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

o) El acoso laboral.

p) También serán faltas muy graves las que queden tipificadas como tales en Ley de las Cortes Generales o de la Asamblea Legislativa de la correspondiente Comunidad Autónoma o por los convenios colectivos en el caso de personal laboral.

3. Las faltas graves serán establecidas por Ley de las Cortes Generales o de la
Asamblea Legislativa de la correspondiente Comunidad Autónoma o por los convenios colectivos en el caso de personal laboral, atendiendo a las siguientes circunstancias:

a) El grado en que se haya vulnerado la legalidad.

b) La gravedad de los daños causados al interés público, patrimonio o bienes de la Administración o de los ciudadanos.

c) El descrédito para la imagen pública de la Administración.

4. Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto
determinarán el régimen aplicable a las faltas leves, atendiendo a las anteriores
circunstancias.

Como se ve dejan el desarrollo de faltas graves y leves para posteriores normas. A mis efectos me parece suficiente con algunas faltas graves que he señalado en negrita. La j) sería aplicable si no se hace una interpretación económica de beneficio.

Artículo 96. Sanciones.

1. Por razón de las faltas cometidas podrán imponerse las siguientes sanciones:

a) Separación del servicio de los funcionarios, que en el caso de los funcionarios
interinos comportará la revocación de su nombramiento, y que sólo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves.

b) Despido disciplinario del personal laboral, que sólo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves y comportará la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las que desempeñaban.

c) Suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral, con una duración máxima de 6 años.

d) Traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia, por el período que en cada caso se establezca.

e) Demérito, que consistirá en la penalización a efectos de carrera, promoción o
movilidad voluntaria.

f) Apercibimiento.

g) Cualquier otra que se establezca por Ley.

2. Procederá la readmisión del personal laboral fijo cuando sea declarado improcedente el despido acordado como consecuencia de la incoación de un expediente disciplinario por la comisión de una falta muy grave.

3. El alcance de cada sanción se establecerá teniendo en cuenta el grado de
intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en la conducta, el daño al interés público, la reiteración o reincidencia, así como el grado de participación.

Artículo 97. Prescripción de las faltas y sanciones.

Las infracciones muy graves prescribirán a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves a los 6 meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los 3 años, las impuestas por faltas graves a los 2 años y las impuestas por faltas leves al año.

El plazo de prescripción comenzará a contarse desde que la falta se hubiera cometido, y desde el cese de su comisión cuando se trate de faltas continuadas.
El de las sanciones, desde la firmeza de la resolución sancionadora.

Artículo 98. Procedimiento disciplinario y medidas provisionales.

1. No podrá imponerse sanción por la comisión de faltas muy graves o graves sino mediante el procedimiento previamente establecido. La imposición de sanciones por faltas leves se llevará a cabo por procedimiento sumario con audiencia al interesado.

2. El procedimiento disciplinario que se establezca en el desarrollo de este Estatuto se estructurará atendiendo a los principios de eficacia, celeridad y economía procesal, con pleno respeto a los derechos y garantías de defensa del presunto responsable. En el procedimiento quedará establecido la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándose a órganos distintos.

3. Cuando así esté previsto en las normas que regulen los procedimientos
sancionadores, se podrá adoptar mediante resolución motivada medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer. La suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente disciplinario no podrá exceder de 6 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado. La suspensión provisional podrá acordarse también durante la tramitación de un procedimiento judicial, y se mantendrá por el tiempo a que se extienda la prisión provisional u otras medidas decretadas por el juez que determinen la imposibilidad de desempeñar el puesto de trabajo. En este caso, si la suspensión provisional excediera de seis meses no supondrá pérdida del puesto de trabajo. El funcionario suspenso provisional tendrá derecho a percibir durante la suspensión las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.

4. Cuando la suspensión provisional se eleve a definitiva, el funcionario deberá devolver lo percibido durante el tiempo de duración de aquélla. Si la suspensión provisional no llegara a convertirse en sanción definitiva, la Administración deberá restituir al funcionario la diferencia entre los haberes realmente percibidos y los que hubiera debido percibir si se hubiera encontrado con plenitud de derechos. El tiempo de permanencia en suspensión provisional será de abono para el cumplimiento de la suspensión firme. Cuando la suspensión no sea declarada firme, el tiempo de duración de la misma se computará como de servicio activo, debiendo acordarse la inmediata reincorporación del funcionario a su puesto de trabajo, con reconocimiento de todos los derechos económicos y demás que procedan desde la fecha de suspensión.

V. IMPLICACIONES PENALES. 

Copio literalmente del Código Penal Español (LO10/95 de 23 de Noviembre del Código Penal) que también podrían valorarse como denunciables.

Artículo 314

Los que produzcan una grave discriminación en el empleo, público o privado, contra alguna persona por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía, por ostentar la representación legal o sindical de los trabajadores, por el parentesco con otros trabajadores de la empresa o por el uso de alguna de las lenguas oficiales dentro del Estado español, y no restablezcan la situación de igualdad ante la ley tras requerimiento o sanción administrativa, reparando los daños económicos que se hayan derivado, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de 12 a 24 meses.

La aplicación de este artículo dependerá de si autoempleo (empleo por cuenta propia entra dentro del concepto empleo.

….

TÍTULO XI

Delitos contra el honor

CAPÍTULO PRIMERO

De la calumnia

Artículo 205

Es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad.

Artículo 206

Las calumnias serán castigadas con las penas de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a 24 meses, si se propagaran con publicidad y, en otro caso, con multa de seis a 12 meses.

Ir a Norma modificadoraArtículo 206 redactado por el apartado septuagésimo primero del artículo único de la L.O. 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 26 noviembre).Vigencia: 1 octubre 2004

Artículo 207

El acusado por delito de calumnia quedará exento de toda pena probando el hecho criminal que hubiere imputado.

CAPÍTULO II

De la injuria

Artículo 208

Es injuria la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.

Solamente serán constitutivas de delito las injurias que, por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves.

Las injurias que consistan en la imputación de hechos no se considerarán graves, salvo cuando se hayan llevado a cabo con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad.

Artículo 209

Las injurias graves hechas con publicidad se castigarán con la pena de multa de seis a catorce meses y, en otro caso, con la de tres a siete meses.

Artículo 210

El acusado de injuria quedará exento de responsabilidad probando la verdad de las imputaciones cuando éstas se dirijan contra funcionarios públicos sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos o referidos a la comisión de faltas penales o de infracciones administrativas.

CAPÍTULO III

Disposiciones Generales

Artículo 211

La calumnia y la injuria se reputarán hechas con publicidad cuando se propaguen por medio de la imprenta, la radiodifusión o por cualquier otro medio de eficacia semejante.

Artículo 212

En los casos a los que se refiere el artículo anterior, será responsable civil solidaria la persona física o jurídica propietaria del medio informativo a través del cual se haya propagado la calumnia o injuria.

Artículo 213

Si la calumnia o injuria fueren cometidas mediante precio, recompensa o promesa, los Tribunales impondrán, además de las penas señaladas para los delitos de que se trate, la de inhabilitación especial prevista en los artículos 42 ó 45 del presente Código, por tiempo de seis meses a dos años.

Artículo 214

Si el acusado de calumnia o injuria reconociere ante la autoridad judicial la falsedad o falta de certeza de las imputaciones y se retractare de ellas, el Juez o Tribunal impondrá la pena inmediatamente inferior en grado y podrá dejar de imponer la pena de inhabilitación que establece el artículo anterior.

El Juez o tribunal ante quien se produjera el reconocimiento ordenará que se entregue testimonio de retractación al ofendido y, si éste lo solicita, ordenará su publicación en el mismo medio en que se vertió la calumnia o injuria, en espacio idéntico o similar a aquél en que se produjo su difusión y dentro del plazo que señale el Juez o Tribunal sentenciador.

Artículo 215

1. Nadie será penado por calumnia o injuria sino en virtud de querella de la persona ofendida por el delito o de su representante legal. Se procederá de oficio cuando la ofensa se dirija contra funcionario público, autoridad o agente de la misma sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos.

Ir a Norma modificadoraNúmero 1 del artículo 215 redactado por el apartado septuagésimo segundo del artículo único de la L.O. 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 26 noviembre).Vigencia: 1 octubre 2004

2. Nadie podrá deducir acción de calumnia o injuria vertidas en juicio sin previa licencia del Juez o Tribunal que de él conociere o hubiere conocido.

3. El perdón del ofendido o de su representante legal, en su caso, extingue la acción penal sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del número 5º del apartado 1 del artículo 130 de este Código.

Ir a Norma modificadoraNúmero 3 del artículo 215 redactado por el apartado quincuagésimo quinto del artículo único de la L.O. 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 23 junio).Vigencia: 23 diciembre 2010

Artículo 216

En los delitos de calumnia o injuria se considera que la reparación del daño comprende también la publicación o divulgación de la sentencia condenatoria, a costa del condenado por tales delitos, en el tiempo y forma que el Juez o Tribunal consideren más adecuado a tal fin, oídas las dos partes.

…..

De la prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos injustos

Artículo 404

A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.

No sé si una comparecencia que no refleja la realidad totalidad se puede considerar una resolución arbitraria. A estudiar.

Artículo 405

A la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello, se le castigará con las penas de multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

Este no creo que sea aplicable. No dispongo de información. Pero si solicitaría en una denuncia información sobre el proceso del nombramiento pues tengo mis dudas.

Artículo 406

La misma pena de multa se impondrá a la persona que acepte la propuesta, nombramiento o toma de posesión mencionada en el artículo anterior, sabiendo que carece de los requisitos legalmente exigibles.

Idem anterior.

Artículo 409

A las autoridades o funcionarios públicos que promovieren, dirigieren u organizaren el abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público, se les castigará con la pena de multa de ocho a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

Las autoridades o funcionarios públicos que meramente tomaren parte en el abandono colectivo o manifiestamente ilegal de un servicio público esencial y con grave perjuicio de éste o de la comunidad, serán castigados con la pena de multa de ocho a doce meses.

Hubo abandono colectivo y entiendo que el abandono lo fue de un servicio público. No sé que quieren decir con manifiestamente ilegal. Por lo tanto la aplicación de este artículo al caso es muy interpretable. A valorar.

CAPÍTULO IV

De la infidelidad en la custodia de documentos y de la violación de secretos

Artículo 413

La autoridad o funcionario público que, a sabiendas, sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare, total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo, incurrirá en las penas de prisión de uno a cuatro años, multa de siete a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años.

Artículo 414

1. A la autoridad o funcionario público que, por razón de su cargo, tenga encomendada la custodia de documentos respecto de los que la autoridad competente haya restringido el acceso, y que a sabiendas destruya o inutilice los medios puestos para impedir ese acceso o consienta su destrucción o inutilización, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses y, en cualquier caso, inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.

2. El particular que destruyere o inutilizare los medios a que se refiere el apartado anterior, será castigado con la pena de multa de seis a dieciocho meses.

Artículo 415

La autoridad o funcionario público no comprendido en el artículo anterior que, a sabiendas y sin la debida autorización, accediere o permitiere acceder a documentos secretos cuya custodia le esté confiada por razón de su cargo, incurrirá en la pena de multa de seis a doce meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.

Este no me consta para nada y entiendo que existen mecanismos para evitarlo en toda administración. Lo incluyo solo para señalar el riesgo.

Los capitulos V y VI hablan respectivamente del Cohecho y del Tráfico de Influencias.  Son largos y por eso no los copio pero se puede valorar su inclusión en la denuncia.

V. Si caso, haberlo hailo. ¿ Cuales son los pasos a seguir ?

¿ Que tipo de denuncia sería este tipo de denuncia: civil, penal, mercantil, administrativa…?

Una primera vía de denuncia es la penal si hubiese alguna falta (no hubo delito) de acuerdo con lo establecido en el Código Penal y por lo tanto ésta estaría sujeta al procedimiento penal.

Una segunda vía es la administrativa y entonces habrá que seguir el procedimiento administrativo sancionador (una rama del  Derecho Administrativo).  Un artículo muy muy (así) útil al respecto aunque un poco anticuado (de 2005), titulado El Régimen Disciplinario de los Funcionarios pero que analiza paso por paso este tipo de procedimientos.

Extracto: 

La denuncia es una de las formas a través de las cuales puede iniciarse un
procedimiento disciplinario cuya tramitación inicial puede hacerse sin audiencia del funcionario denunciado a pesar de que dicha denuncia sea erró-
nea o incluso falsa, ya que la denuncia puede dar lugar directamente a la
iniciación del procedimiento disciplinario contra el funcionario.

El denunciante poco o nada arriesga con la denuncia, ya que no se prevé sanción alguna para el denunciante falso o temerario. Otro dato esencial que caracteriza esta fase inicial, en torno a la presentación de la denuncia, es la
existencia de facultades absolutamente discrecionales en favor del órgano competente a efectos de decidir si desea o no incoar el procedimiento disciplinario. Esta discrecionalidad del «órgano competente» está comúnmente admitida
( 1)

Sobre esto la legislación relevante es la L 30/92 LRJAPAC, que es de plena aplicación a las entidades locales.  

V. Conclusión: ¿ denunciar o no denunciar ?

Por mi parte la decisión está tomada tanto en la vía administrativa como en la penal. He tenido en cuenta y ponderado todos los criterios señalados en el primer punto. De momento no quiero publicar si es ir adelante o no. Ya he consultado con las personas que estaban presentes y que tendrán que testificar y mañana la consultaré con un profesional y con lo que me diga procederé en consecuencia.

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